Desde el inicio del ciclo lectivo 2012, los gremios docentes de la Ciudad Buenos Aires, están realizando manifestaciones y protestas contra el gobierno de Mauricio Macri por la intención de su Ministro de Educación, de unificar las divisiones de un mismo grado que no alcancen el mínimo de alumnos establecidos por la reglamentación vigente, lo que ocasionaría el cierre de una cantidad considerable de cursos en la escuela primaria.
El cierre de cursos en cualquier nivel de enseñanza, se efectuaría al amparo de una Resolución del Ministerio de Educación de la Nación, la número 1068 del año 1981, que establece el mínimo de alumnos exigido para el funcionamiento de cursos y divisiones en todos los niveles de enseñanza (primario, secundario y terciario) y que para el nivel primario se fija en 10 niños.
Es de destacar, que durante los gobiernos democráticos que se sucedieron desde 1983 hasta la fecha, ni los Presidentes constitucionales, ni los Ministros de Educación de la Nación que desempeñaron sus cargos, tomaron la iniciativa de anular dicha resolución.
Por otra parte, no son pocos los casos que se hacen públicos, de padres que buscan vacantes para sus hijos en escuelas primarias de gestión estatal, cuyos directivos aseguran la imposibilidad de aceptar más alumnos por falta de las mismas.
Esta situación es ampliamente conocida en la comunidad educativa de la Ciudad de Buenos Aires y como toda situación paradojal, debería hacernos reflexionar acerca de ciertas actitudes que asumimos los docentes y las consecuencias que dichas actitudes acarrean.
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